El segundo capítulo de recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad (titulado “Hallazgos y recomendaciones”) está dedicado a proponer medidas en cinco temas para restituir la dignidad de las víctimas.
- Primero, reconocer la responsabilidad estatal por conductas que causaron un enorme impacto al pluralismo político y a la democracia, como las ejecuciones de personas presentadas falsamente como muertas en combate, el paramilitarismo y el genocidio de la Unión Patriótica. Igualmente, la responsabilidad de entidades públicas o privadas en el conflicto armado interno, “como una muestra de ruptura con el pasado de violencia y un compromiso con la defensa de los derechos humanos”. Un Ministerio para la Paz y la Reconciliación podría liderar tales reconocimientos, con acompañamiento psicosocial y de organizaciones sociales y de derechos humanos.
- Segundo, garantizar una reparación integral, para lo cual deben hacerse ajustes normativos y superarse los escenarios de desigualdad de la población víctima. Se deben diseñar medidas para reparar los daños específicos según el hecho victimizante y fortalecer la reparación colectiva, especialmente la de los pueblos étnicos, así como un adecuado programa de retorno para el exilio, y cumplir las sentencias internacionales sobre reparación.
- Tercero, fortalecer los programas de salud física, mental y psicosocial, con enfoque colectivo y territorial, promover la articulación con sistemas de salud propios de los pueblos étnicos y atender impactos desproporcionados de ciertos hechos victimizantes (tortura, desaparición forzada y otros).
- Cuarto, poner en marcha una política de memoria y verdad para la construcción de paz y la no repetición, y crear un Museo de Memoria como entidad autónoma, con participación de académicos y víctimas. El museo debería liderar la política pública de archivos de derechos humanos y la depuración de archivos de inteligencia que tengan valor histórico.
- Quinto, localizar y entregar a personas desaparecidas, para lo cual se deben realizar ajustes institucionales, mejorar las capacidades de investigación forense, priorizar la identificación de aproximadamente 25 mil cuerpos no identificados y garantizar el acceso a la información que reposa en entidades públicas que pueda facilitar los procesos de búsqueda.
Todo esto es muy costoso. Solo en reparaciones valdría al menos $328,3 billones, según el Octavo Informe de la Contraloría sobre la Ley 1448. Pero si hiciéramos un minuto de silencio por cada víctima tendríamos que callar durante 17 años. ¿Por qué no, más bien, gastar siquiera 17 años en conseguir los recursos necesarios para dignificar a las víctimas? Serían un poco menos de $20 billones por año. O ampliar el plazo a 50 años, y reducir la cuota anual a $6,5 billones. Saldría a $12’492.390 el minuto. El informe no dice lo anterior, pero eso es lo que dan las cuentas. Sería un buen ejercicio de expiación para superar la barbarie que hemos vivido durante más de medio siglo, rescatar así la dignidad de las víctimas y construir bases sólidas para una convivencia civilizada en Colombia. Bien vale la pena pagar ese costo, que es ineludible.