A través de un pronunciamiento conjunto, el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz anunciaron, en la tarde del miércoles 8 de febrero, un acuerdo con el Estado Mayor Central de las Farc para establecer un protocolo de medidas contempladas dentro del cese al fuego bilateral pactado mediante el decreto 2656 del 31 de diciembre de 2022.
Concretamente, este mecanismo incluye medidas de “para su implementación, incluido el establecimiento de un mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación que emitirá conceptos técnicos” y, a su vez, redactará recomendaciones para la prevención y atención de posibles incumplimientos a lo acordado, de acuerdo con el comunicado.
Sin embargo, precisó que no se suspende el pleno ejercicio del Estado Social de Derecho, más allá de existir un cese de hostilidades con este grupo residual al mando de alias Iván Mordisco. En ese sentido, el Gobierno manifestó que “La fuerza pública seguirá ejerciendo sus obligaciones de seguridad y defensa nacional, así como tampoco se suspende, de ninguna manera, el ejercicio pleno de todos los poderes del Estado”.
También establece que este grupo residual no podrá transitar, mucho menos permanecer, en cercanías a estaciones de Policía, cabeceras municipales, corregimientos y vías primarias a fin de evitar afectaciones contra civiles.
Otro punto contemplado en el protocolo es la inclusión de delegados del Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado y un organismo internacional que podría ser una misión de Naciones Unidas, así como países garantes. También habrá acompañamiento por parte de iglesias como la católica y civiles acreditados. En ese orden, el protocolo tendrá un nivel local y otro nacional.