El Gobierno de Gustavo Petro comenzó el plan de formalización con una circular del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Esap en la que se ordena a las entidades del Gobierno nacional limitar los contratos de prestación de servicios a los estrictamente necesarios y firmarlos solamente hasta abril.
Según el documento: “La contratación directa a través del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión deberá tener un término de duración de cuatro (04) meses, plazo este durante el cual los órganos, organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial deberán elaborar los estudios técnicos requeridos y establecer la planta temporal de personal necesaria y suficiente que supla las necesidades misionales y administrativas que se requieran”.
Se estima que en el país un poco más de un millón de personas trabajan con el Estado a través de este tipo de contratos y la idea del Gobierno es reemplazar esa clase de contratación por empleos en plantas temporales. En esas plantas los empleados no tendrían que pasar cuenta de cobro, tendrían todas las prestaciones de ley (salud, cesantías, primas, vacaciones, aportes a pensión, etc.) y un sueldo equivalente al de los servidores públicos de las entidades.
El objetivo de permitir los contratos de prestación de servicios por cuatro meses es que las entidades tengan tiempo de hacer los estudios de cargas laborales que se requieren y que no se paralicen los servicios. Sin embargo, el plan del Gobierno es claro: desmontar nóminas paralelas.