Las alertas de inseguridad y de violencia en el municipio industrial no cesan, por lo que se hace reiterativo el llamado de la ciudadanía, líderes y lideresas a las autoridades, para que se fortalezcan las medidas de seguridad, sobretodo los dispositivos para la contienda electoral que se aproxima y sobre la que ya se han conocido delicadas denuncias.
En este caso, se trata de Juan Pablo Cano, abogado, especialista en derecho administrativo y precandidato a la Alcaldía de Dosquebradas por firmas, quien en las últimas dos semanas ha sido víctima de seguimientos, amenazas y un hurto a su sede de campaña de donde sacaron un computador y documentos relacionados con su proceso de recolección de firmas.
Aunque en los últimos días, ha alertado presencia de personas que intentan tomar fotografías a su sede y su equipo y que huyen cuando son descubiertos, Cano expresó que los hostigamientos se vienen registrando desde diciembre del año pasado.
Todas las situaciones ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades y, pese a los constantes llamados y solicitudes de seguridad, aún no ha obtenido respuesta alguna de la Unidad Nacional de Protección.
Precisó que la seguridad en el municipio industrial se está quedando corta si se tiene en cuenta que es la única localidad entre todo Risaralda y el Quindío que cuenta con una alerta máxima emitida por la Defensoría del Pueblo, ante el riesgo que genera el actuar de bandas que se disputan el microtráfico entre otros delitos que ponen a la ciudadanía en condición de vulnerabilidad.
Aunque para hacer frente a las alertas que emitió la Defensoría del Pueblo, las autoridades con apoyo del Ministerio del Interior realizaron un plan de acción para fortalecer la seguridad; los dispositivos, planes y uniformados parecen no dar abasto.
Recordemos que hace unos días otro aspirante a la Alcaldía de este municipio tuvo que anunciar la declinación a su precandidatura y su salida inmediata del país, por la zozobra de las amenazas en contra suyo y de su familia y la falta de respuesta de la UNP y la Fiscalía.