Hace dos meses el presidente Gustavo Petro estuvo en una zona del caribe colombiano tomando un sancocho de pescado, hecho por una asociación de mujeres, minutos antes de hablar de la emergencia nacional por la larga temporada de lluvias. Desde el día que declaró la emergencia, el primero de noviembre, el gobierno ha dicho que el fenómeno de La Niña está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país, ya sea porque muchos cultivos están inundados, o porque muchas carreteras están dañadas y los alimentos no pueden llegar a varias regiones. El Gobierno insiste en que parte de la solución a corto plazo la tienen los grupos de mujeres que hacen esos sancochos: las ollas comunitarias del país. Anunció entonces, el 28 de diciembre, que se destinaron 117 mil millones de pesos para financiar unas 600 ollas comunitarias, con el fin de alimentar a 60 mil damnificados. Como Petro estimó en noviembre que las lluvias irían hasta febrero o marzo, se decidió que el dinero debía llegarle a las ollas hasta ese tercer mes de este año. Pero ahora hay una iniciativa en el Ministerio de Agricultura que podría darles apoyo por mucho más tiempo, después de que terminen las lluvias.
Las ollas comunitarias son iniciativas ciudadanas en las que un pequeño grupo de personas dona varios alimentos, y su tiempo para cocinar, con el objetivo de alimentar a su comunidad o a grupos vulnerables. Pueden cocinar un sancocho de gallina, un arroz con pollo o un abundante plato de frijoles, pero el objetivo de la olla también es social: cocinar y comer en conjunto es una forma de acercar comunidades. Las ollas se fortalecieron cuando arrancó la pandemia a principios del 2020 y muchas personas que no podían trabajar se quedaron sin comida. Se multiplicaron aún más durante las protestas del 2021: las ollas salieron a las calles y alimentaron a cientos de manifestantes y a grupos vulnerables que encontraron un plato caliente de comida. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que en Colombia un cuarto de la población en las principales ciudades no puede consumir tres comidas al día.
“La primera línea no hubiera durado ni una semana sin el apoyo de las ollas comunitarias”, cuenta a EL PAÍS el director de la Red Nacional de ollas comunitarias, Rudolf Solano. La organización reúne a 51 ollas comunitarias en 17 de los 32 departamentos del país. Durante las protestas del 2021, dice Solano, eran el triple: 157 ollas. Explica que las ollas comunitarias son usualmente efímeras: sin apoyo institucional estable del sector privado, o público, dependen de la voluntad de un grupo ciudadano que quiera aportar unas mazorcas o unos plátanos. Por eso son pocas las que logran sostenerse a largo plazo.
“Nos satisface mucho que el Gobierno le dé atención a las ollas comunitarias, porque Colombia es un país donde la comida sobra pero mucha gente no sabe cómo conseguirla”, añade Solano. “Y nos parece muy valioso que nos vea como parte de la solución ante la emergencia por las lluvias. Pero también es complicado que nos miren solo para las situaciones de urgencia, porque no estamos solo para eso, también construimos tejido social y aportamos a la paz en los territorios”.
Solano sabe que el Gobierno, a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres (UNGRD), ya está financiando al menos 91 ollas en zonas afectadas por las lluvias extremas en los departamentos de Cauca, Antioquia, y la zona de inundaciones del caribe colombiano conocida como La Mojana. Como explicó a EL PAÍS el director de la UNGRD, Javier Pava, para recibir ese apoyo las organizaciones debían presentar a su unidad el número de personas que podrían alimentar, y si cumplían con unos estándares de transparencia e higiene, recibirían un presupuesto acorde al número de personas que alimentan.
Las primeras ollas que recibieron recursos del Gobierno, a finales de diciembre están en La Mojana, donde el Gobierno quiere hacer una reforma agraria y ambiental pero se ha encontrado con la oposición de varios empresarios ganaderos. Allí, en el municipio de Magangué, está Gina Guerrero como directora de la Asociación de Mujeres Emprendedoras del Corregimiento de Pansegüita (Asomujep), un grupo de 23 mujeres que ahora están cocinando 120 o 130 desayunos y almuerzos diarios para damnificados.