La embajadora de Estados Unidos para la Justicia Global Penal, Beth Van Schaack, visitó el país y en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, entregó detalles del apoyo estadounidense a este tribunal y al acuerdo final de paz, entre otros aspectos.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Roberto Vidal, pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) “abrir una oficina” en Colombia para dar apoyo técnico a las autoridades jurídicas colombianas, tras unas reuniones en La Haya, donde continúa este martes, en las que transmitió los logros y retos de Bogotá.
A las reuniones en la CPI, Vidal llegó “con una propuesta muy concreta que está tratando de materializar y que fue muy bien recibida, para abrir un programa conjunto entre la CPI y la jurisdicción de Colombia de complementariedad positiva”, que busca apoyar el trabajo de la justicia colombiana sobre el terreno, señaló el magistrado en una entrevista con EFE.
Además, indicó, Bogotá recibió una propuesta por parte de la CPI sobre la posibilidad de que el caso colombiano “pudiera servir para un intercambio de conocimientos con otros casos en curso” sobre los temas de responsabilidad de los Estados ante la CPI y cómo estos pueden asumir sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte internacional.
Vidal ya se reunió durante la jornada del lunes con el presidente de la CPI, Piotr Hofmanski; y el fiscal de la Corte, Karim Khan.
“Nosotros desde la experiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia tenemos la expectativa de estrechar los lazos con la CPI bajo el entendido de que el sistema del Estatuto de Roma reposa sobre todo en la responsabilidad de los Estados, y secundariamente en la responsabilidad de la Corte”, señaló.
Para Vidal, el éxito del sistema no está tanto en que la CPI asuma casos “por sí misma en La Haya”, sino que sean los Estados los que “cumplen con las responsabilidades que el Estatuto les impone, y que ellos realicen su propia administración de justicia” y ese, dice, es el caso de la JEP porque el Estado colombiano “ha asumido los juicios, las investigaciones y sanciones de los crímenes más graves a través del tribunal” de la JEP en Colombia.