Debido al aumento de actividades de minería ilegal en diferentes regiones del país que estarían generando impactos socioambientales, aumento de la deforestación y contaminación de las fuentes hídricas a causa del mercurio, la Procuraduría General convocó a la primera mesa nacional de ese metal.
Durante la jornada del jueves 26 de enero, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, alertó que la contaminación por mercurio se está convirtiendo en un fenómeno generalizado en todo el país.
En su intervención aclaró que el problema es tan grande, que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente referenció a Colombia como el mayor emisor de mercurio per cápita en el mundo, y el tercer país que más contamina con este mineral, en todo el planeta.
Cabello Blanco también alertó de los grandes e irreversibles daños en los ecosistemas y fuentes hídricas en el sur de Bolívar, el Bajo Cauca Antioqueño y en departamentos como Chocó, Caldas, Boyacá, Córdoba y Sucre, por las prácticas ilegales que utilizan este metal, principalmente en la minería ilícita, que según la funcionaria, “han aumentado por la posición permisiva adoptada, bajo la falsa premisa de que se está defendiendo la minería artesanal y ancestral”.
Hay que recordar que en 2016 la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio del Interior, a la Unidad de Parques Nacionales Naturales, y otra entidades del Estado, a conformar una mesa de trabajo interinstitucional, con el objeto de construir una investigación científica y sociológica, en la cual se identificaran y precisaran las conclusiones respecto a los impactos de las actividades mineras en los ecosistemas del territorio colombiano.
La Mesa Nacional para el Control de Mercurio, donde Margarita Cabello alertó sobre las problemáticas de este metal en Colombia, fue convocada por el Ministerio Público que señaló que “en el país, se han identificado más 83 sitios como potencialmente contaminados con mercurio y que en ciudades como Bucaramanga, estos niveles superan hasta 160 veces lo permitido normativamente, evidenciando que el problema se ha vuelto una cuestión permanente”, aclaró el órgano de control.