El rumor de la instalación de una mesa de paz en Medellín, en la que se reunirían voceros de varios grupos delincuenciales y del Gobierno el miércoles 19 de enero, recorrió varias redacciones del país. El Colombiano reveló la noticia. Sin embargo, el día llegó y no hubo reunión. Las hipótesis sobre qué motivó el rumor o por qué se canceló llevan a un punto en común: las reglas a las que se someterán los grupos delincuenciales bajo la paz total no están claras.
Las bandas y sus delegados esperan más detalles sobre cómo será la ley de sometimiento a la justicia. El presidente del Senado y defensor del Gobierno y su política de paz total, Roy Barreras, solicitó públicamente al Gobierno que la radique para empezar a discutir en las sesiones extraordinarias que inician el 16 de febrero para debatir el Plan de Desarrollo.
Un vocero de la banda ‘Los Pachelly’, una de las organizaciones más grandes del Valle de Aburrá, explicó a EL PAÍS que la discusión sobre cómo sería su participación en la paz total todavía está por decidirse. “No estamos de acuerdo en participar en nada que tenga que ver con el sometimiento”, dijo. Cuenta que ellos tienen una argumentación para desarrollar una propuesta de acogimiento y no sometimiento. La diferencia está en que, en su entender, la figura del sometimiento es inconstitucional y les resta un estatus político que ellos reivindican.
“Proponemos un diálogo respetuoso. Proponemos que esa conversación abra la puerta a la confianza que permita llegar a un acuerdo cooperativo, más que a una negociación”, indica el hombre, que entró a ese grupo a los 14 años. Además de las reglas, a las bandas les preocupa cómo serán aplicadas. El choque de trenes entre el Gobierno y la Fiscalía, que se niega a levantar órdenes de captura de integrantes del ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachenca’ para tener conversaciones, suscita interrogantes en las bandas. Ellas esperan el traslado de varios de sus jefes a la Cárcel de Itagüí, donde se instalaría la mesa. El Gobierno, por su lado, mantiene un halo de misterio sobre los acercamientos. Se sabe que iniciaron a principios de 2022, antes de las elecciones.
Según tuvo conocimiento este diario, por protagonistas de los contactos, los integrantes de la campaña de Petro fueron quienes buscaron a personas cercanas a los ‘combos’. Ya electo, Petro anunció su política de paz total. Su alto comisionado de paz, Danilo Rueda hizo llamados a diferentes grupos ilegales para que se sumen a ella. En Ituango, en el norte de Antioquia, exhortó a ‘Los Pachelly’ y a ‘Los Caparros’. Al día siguiente ‘Los Pachelly’, que tienen una histórica presencia en Bello, municipio vecino a Medellín, respondieron con un comunicado público en el que manifiestan su voluntad de iniciar acercamientos y proponen como interlocutores a la organización Sinergia.
Han respondido otros 30 grupos ilegales, incluyendo la poderosa ‘La Oficina’. Un mes después, en noviembre, Canal Uno anunció que el Alto Comisionado delegó a cinco abogados para avanzar en los diálogos exploratorios con las bandas criminales del área metropolitana de Medellín. El perfil de los abogados es amplio, participan desde juristas asociados a oenegés de izquierda y de derecha, hasta académicos, pasando por antiguos representantes de personas asociadas con estas bandas.