Afinales del mes pasado, 116 indígenas emberas chamíes llegaron a Pereira, presuntamente procedentes del municipio de Sevilla (Valle del Cauca). El arribo de los nativos supuso un gran desafío para la Alcaldía de la capital de Risaralda ya que debe proveer los recursos para brindar la atención humanitaria que estas personas necesitan.
Según información de la Secretaría de Desarrollo Social y Político de la administración municipal, los indígenas solicitaron inicialmente que los trasladaran a Bogotá, pero después decidieron radicar su declaración, ante la Personería de Pereira, como presuntas víctimas de desplazamiento forzado.
La secretaria de Desarrollo Social y Político de Pereira, Ángela Rubio Mejía, explicó que una vez se recibió la declaratoria, por parte de la Personería, se procedió a realizar la recepción en el albergue para Víctimas de la Alcaldía de Pereira y se activó la ruta de atención con enfoque diferencial, así como la caracterización de esas personas.
La caracterización arrojó que el grupo de indígenas está conformada por tres adultos mayores, 33 adultos, 31 menores de 0 a 11 años y 29 de 12 a 18 años. Estas personas integran un total de 27 grupos familiares.
La situación es complicada ya que en el albergue al que fueron llevados los indígenas ya había otros aborígenes. Según información establecida por en ese lugar ya hay 250 personas en total.
Al tanto de la situación de los indígenas está el Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado del Municipio, en acompañamiento permanente del Ministerio Público y la Unidad para las Víctimas.
Sin embargo, la Alcaldía de Pereira lanzó un plan de contingencia para atender a estos indígenas ya que se necesitan proveerles alojamiento, kits de aseo, vestuario y alimentación, mientras se surte el proceso de valoración como presuntas víctimas por parte de la Unidad para las Víctimas.
La decisión de diseñar el plan de contingencia surgió en una reunión del Comité Extraordinario de Justicia Transicional, que encabezaron el alcalde de Pereira, Carlos Maya; la secretaría de Desarrollo Social, la Procuraduría Provincial y representantes de otras entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
En ese orden de ideas, se coordinaron acciones enfocadas a garantizar la atención de esta población y se pusieron en marcha acciones interinstitucionales para la gestión de los recursos requeridos en la atención de los indígenas desplazados.
El el procurador provincial, Leonardo Fabio Reales Chacón, afirmó que aunque la situación no deja de ser preocupante, el Ministerio Público reconoce la voluntad de las instituciones que se reúnen en el comité para buscar una pronta y efectiva respuesta a esta situación, y dar las garantías para la restitución de los derechos de la población desplazada