Artículo El País
Las manos callosas de Jefferson Parrado acarician las hojas de las matas. El viento mueve levemente el sombrero que le protege de un sol que irradia como una estufa. De repente, arranca una hoja y la tritura entre los dedos. “La coca es nuestro único medio de subsistencia”, dice el presidente de la junta comunal de Nueva Colombia, un pequeño pueblo junto a un río en el que se cultiva hoja de coca que después, los mismos campesinos, convierten en pasta base, en una droga que se llama bazuco. Los soldados colombianos aparecen de vez en cuando por aquí, sin avisar, para quemarles los laboratorios y arrancar de raíz las matas y cumplir así con un programa de erradicación consensuado con Estados Unidos.
—Nos acosan —dice Parrado con una mueca—. Y amedrentan a la población civil. La gente siente pánico cuando sabe que viene el Ejército.
cientos de miles de documentos del Comando General de las Fuerzas Militares en Colombia filtrados por el colectivo hacktivista Guacamaya a través de Forbidden Stories, un consorcio de periodistas con sede en París. Las comunicaciones internas y los informes demuestran que los soldados cometieron violaciones de los derechos humanos durante la campaña de erradicación de coca de 2020, en pleno confinamiento. El ejército hostigó a agricultores y periodistas y llegó a cometer al menos tres asesinatos durante los enfrentamientos que se desatan en esas operaciones entre los productores y los soldados.
Los archivos sacan a la luz que los militares aprovecharon la pandemia para ejecutar sus planes. Colombia instauró en ese momento uno de los confinamientos más estrictos de América Latina, que se alargó durante cinco meses. Se cerraron las fronteras terrestres y marítimas, se cancelaron los vuelos internacionales y nacionales y se suspendieron los viajes en autobús. Pero las operaciones para destruir manualmente los cultivos de coca, amapola y marihuana no cesaron nunca, jamás. Los documentos filtrados revelan que hasta ocho divisiones del ejército, dos fuerzas de tareas conjuntas y algunas unidades navales participaron en tareas de erradicación forzosa en esas fechas. A principios de agosto de 2020, 338 pelotones desplegados en 14 de los 32 departamentos se dedicaban a la erradicación.
Colombia, el mayor proveedor mundial de cocaína, centra principalmente sus esfuerzos de erradicación en la coca, en lugares como Nueva Colombia. A las afueras de ese pueblo se suceden campos de coca a ambos lados de un camino. Un hermoso paisaje que ha provocado ríos de sangre. Militares, guerrilleros, paramilitares y otros grupos criminales compiten por el control de estas áreas clave de cultivo. La mayoría está en manos de pequeños agricultores que no tienen otras oportunidades. En 2016, los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno incluían un programa voluntario de sustitución de cultivos que, con el tiempo, se ha quedado sin respaldo.
“Colombia ha apelado desde los años 70 a las políticas de erradicación forzada. Esa ha sido su política para combatir los fenómenos de las economías de la marihuana, de la coca, y de la amapola”, dice Salomón Majbub, investigador de políticas de drogas del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). “Eso es respondiendo a unas lógicas de una política prohibicionista que se instaura en Estados Unidos desde los 70″.
En 2020, hasta el 5 de agosto, dos miembros de las fuerzas armadas habían muerto y ocho habían resultado heridos en medio de operaciones de erradicación forzada, según un borrador de respuesta militar filtrada a unos senadores que habían solicitado información. La pregunta de los senadores sobre muertes y heridos claramente también se refería a la población civil en general, pero los militares ignoraron ese punto.
La realidad es que conocían la respuesta: al menos tres civiles murieron en operaciones de erradicación. El 26 de marzo de 2020, apenas el segundo día del confinamiento, un soldado mató de un disparo a Alejandro Carvajal en la región del Catatumbo, en el Norte de Santander. Menos de un mes después, el 18 de mayo, en esa misma región fue asesinado Digno Emérito Buendía. Y dos días después, mataron a Ariolfo Sánchez en Anori, Antioquia.
“Se da durante el Gobierno de Iván Duque Márquez, el expresidente de la República, tras sus anuncios de realizar acciones de fuerza en el territorio, especialmente allí en el Catatumbo, a pesar de que la comunidad campesina desde hace décadas le está insistiendo a los pasados gobiernos en buscar una solución concertada y pacífica”, cuenta Gustavo Quintero, abogado que trabaja en los casos de Carvajal y Buendía en nombre de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).